El Juzgado Contencioso-Administrativo número Uno admite la demanda contra el Consistorio y los herederos de la finca donde se ubicaba el pozo abandonado
Junto al Pabellón Municipal de Deportes de Huércal Overa, a unos pasos del recinto donde cientos de jóvenes se congregaban cada fin de semana para hacer botellón, un peligro se escondía entre la maleza de una finca ruinosa. Un pozo de unos 20 metros de profundidad, en un terreno abandonado desde hacía una década, escondía una amenaza mortal. El 9 de junio de 2007, Adrián García, de sólo 16 años de edad, fue su víctima.
El chico perdió la vida tras precipitarse en el foso aquella noche. Celebraba con unos amigos una victoria futbolística y se había ‘colado’ en el pabellón deportivo sin permiso. Uno de sus compañeros quiso gastar una broma y avisó de que llegaba la Policía Local. Adrián saltó la valla y echó a correr. Fue la última vez que sus amigos le vieron.
El caso conmocionó a todo un pueblo, que acompañó a la familia en un multitudinario funeral. Sin embargo, las circunstancias de la muerte anticipaban un largo proceso legal para depurar responsabilidades. Tres años después, según ha podido conocer La Voz de Almería, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Almería ha admitido a trámite una demanda de la familia del joven fallecido contra el Ayuntamiento de Huércal Overa y los herederos legales de la finca donde se encontraba el pozo.
La familia, representada por los letrados Juan Marfil y Aurora Caparrós, argumentan que el agujero debía estar cubierto y, en su defecto, correctamente señalizado, ya que suponía un grave peligro para la seguridad de los vecinos. De hecho, la propiedad carecía de vallado perimetral y estaba cubierta de malas hierbas, a pesar de encontrarse junto a las dependencias deportivas municipales.
Según reconoció el alcalde Luis García Collado tras el accidente, la finca pertenece a una veintena de herederos, si bien permanece prácticamente abandonada desde hace una década por los conflictos entre éstos.
Investigación judicial
En este sentido, los demandantes consideran que debió ser la Policía Local del municipio quien señalizara y cubriera el pozo por el peligro inminente y ante la dejación de los propietarios, precisamente unos trabajos que se llevaron a cabo justo después del trágico fallecimiento de Adrián García.
La Policía Judicial de la Guardia Civil abrió una investigación aquel verano de 2007 para analizar las circunstancias que rodearon la muerte. La documentación se entregó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Huércal Overa, si bien las diligencias por vía penal (un hipotético delito de homicidio por imprudencia) fueron archivadas y quedó sólo la opción civil para reclamar responsabilidades.
En cualquier caso, Juan García y María Rosa Montoya, padres del muchacho, han insistido a respecto: “No nos importa nada el dinero, sólo queremos que se haga justicia a la memoria de nuestro hijo”. Igualmente han criticado la “lentitud” del proceso judicial.
Fuente: www.lavozdealmeria.es
El chico perdió la vida tras precipitarse en el foso aquella noche. Celebraba con unos amigos una victoria futbolística y se había ‘colado’ en el pabellón deportivo sin permiso. Uno de sus compañeros quiso gastar una broma y avisó de que llegaba la Policía Local. Adrián saltó la valla y echó a correr. Fue la última vez que sus amigos le vieron.
El caso conmocionó a todo un pueblo, que acompañó a la familia en un multitudinario funeral. Sin embargo, las circunstancias de la muerte anticipaban un largo proceso legal para depurar responsabilidades. Tres años después, según ha podido conocer La Voz de Almería, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Almería ha admitido a trámite una demanda de la familia del joven fallecido contra el Ayuntamiento de Huércal Overa y los herederos legales de la finca donde se encontraba el pozo.
La familia, representada por los letrados Juan Marfil y Aurora Caparrós, argumentan que el agujero debía estar cubierto y, en su defecto, correctamente señalizado, ya que suponía un grave peligro para la seguridad de los vecinos. De hecho, la propiedad carecía de vallado perimetral y estaba cubierta de malas hierbas, a pesar de encontrarse junto a las dependencias deportivas municipales.
Según reconoció el alcalde Luis García Collado tras el accidente, la finca pertenece a una veintena de herederos, si bien permanece prácticamente abandonada desde hace una década por los conflictos entre éstos.
Investigación judicial
En este sentido, los demandantes consideran que debió ser la Policía Local del municipio quien señalizara y cubriera el pozo por el peligro inminente y ante la dejación de los propietarios, precisamente unos trabajos que se llevaron a cabo justo después del trágico fallecimiento de Adrián García.
La Policía Judicial de la Guardia Civil abrió una investigación aquel verano de 2007 para analizar las circunstancias que rodearon la muerte. La documentación se entregó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Huércal Overa, si bien las diligencias por vía penal (un hipotético delito de homicidio por imprudencia) fueron archivadas y quedó sólo la opción civil para reclamar responsabilidades.
En cualquier caso, Juan García y María Rosa Montoya, padres del muchacho, han insistido a respecto: “No nos importa nada el dinero, sólo queremos que se haga justicia a la memoria de nuestro hijo”. Igualmente han criticado la “lentitud” del proceso judicial.
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